Incomodidad causó la decisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el plan de rastreo a personas cercanas a casos positivos de Covid-19. Primero intento buscar voluntarios sin paga para la labor pero por el repunte en el número de casos otorgó inesperadamente el contrato a la empresa privada Quiron.
La funcionaria se excusó diciendo que no tenía el tiempo suficiente para formar correctamente a estos rastreadores. Además aseguró que la ejecución del proyecto contará con la vigilancia personal permanente de un profesional en sanidad designado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
El malestar pasa porque según sus detractores, no se realizo una licitación pública en un contrato de casi 200.000 euros. Rosa María Cuadrado, directora general de CCOO Sanidad Madrid, federación bastante critica con la gestión del Gobierno en este asunto, ha resumido que se debió hacer una licitación pública entre profesionales de la salud disponibles y no escoger a una empresa privada de esa manera.
Se conoció que el PSOE, liderado por José Manuel Franco, está buscando apoyo ciudadano para presentar una moción de censura contra la Presidenta por el manejo que ha dado a la crisis sanitaria, citando este contrato entre los motivos.
Fuentes El País, El telescopio digital.
