La viceconsejera de
Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, realizó algunos anuncios
importantes en lo que refiere a la lucha contra el Cambio Climático y el Medio
Ambiente, enfatizando en la creación de una bolsa de materias primas
secundarias a nivel autonómico, para favorecer un mercado “transparente y real”
de residuos entre empresas de la región que permita la reutilización de este
tipo de materiales en las obras a desarrollar.
Roqueñí, afirmó que se hace necesario apostar por la “contratación pública verde”. Es decir, que, en las Licitaciones Públicas, se exija el uso de material reciclado. Así mismo, dijo que desde el SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) se prepara un catálogo sobre las necesidades formativas para atender la oferta de empleo que generará la economía circular, relevante ante las exigencias impuestas por UE en relación con el impacto medioambiental para los próximos años.
También explicó que, en
Europa, en el sector del reciclaje de desechos, se supondrá una inversión de
17.000 millones de euros entre 2021 y 2027, lo cual permitirá crear cerca de
140.000 puestos de trabajo. La viceconsejera entiende que este nuevo nicho de
mercado requiere de la colaboración de todas las partes implicadas y no es
tarea fácil.
Las declaraciones fueron dadas durante su participación en los Cursos de La Granda, en una jornada que lleva por nombre: ‘Enfoques sobre el sector industrial en Asturias’.
Las licitaciones son un
proceso de selección en el que el sector público contrata trabajos que den una
solución a una necesidad puntual que estos demandan, y pueden participar en la
adjudicación de ellas las empresas grandes, pymes o autónomos que cumplan con
los requisitos. Ahora, las licitaciones están divididas en tres tipos:
obras, suministros y servicios.
Teniendo esto claro, desglosamos todo para entender cómo hacer los pliegos de una licitación para contratar con el Estado.
¿Cómo es el proceso de una licitación?
En términos específicos, una licitación se divide en seis momentos: identificación de una necesidad, preparación del expediente, publicidad, presentación de propuestas, adjudicación y realización del contrato en tiempo y forma. No obstante, algunas de las licitaciones pueden estar exentas de alguno de estos, como es el caso de los contratos menores o los negociados sin publicidad, así como en el tipo de tramitación.
2. Para entender el tema de las tres ramas de contratación por licitación pública, es necesario saber que la mayoría de los requisitos están basados en la ley LCSP 9/2017. Promulgada el 8 de noviembre de 2017, referente a los contratos del sector público, y derivado de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014.
Los
requisitos que se abordan normalmente en las licitaciones, cualquier persona
autónoma o pyme, los cumple; y por desconocimiento tiende a perder grandes
oportunidades. Hablamos de:
Regulación específica de la Plataforma de contratación del Estado.
Normativa de la Unión Europea.
Leyes y Reales decretos.
Órdenes Ministeriales y Resoluciones Administrativas.
Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales.
Ley de Subcontratación en la Construcción.
Ley Prevención de Riesgos Laborales.
3. Tipos de licitaciones
La subasta: es decir que el contrato se adjudica a quien presente el precio más bajo, y no es necesaria la técnica de la obra, suministro u servicio.
El concurso: en este proceso cuentan varios factores además del precio, porque se puede adjudicar la licitación a la propuesta no más económica; y en él interviene la meritocracia, establecida en el conocimiento técnico y la propuesta de mejoras. Para este tipo de licitación, sí es necesario tener la documentación técnica para la obra, suministro u servicio.
Es importante tomarse el tiempo en revisar las plataformas del Estado para saber sobre las licitaciones públicas que van saliendo, así como el hecho de leer muy bien los términos y condiciones para poder hacer una buena propuesta al sector público.
El consejero de Transición Ecológica de Gobierno canario, José Antonio Valbuena, llevó este mes al Consejo de Gobierno, una propuesta sobre la Ley de Cambio Climático, en la que se establece un mayor compromiso por parte, no solo de las entidades del Estado, sino del sector público, a cuidar el medio ambiente.
El borrador Legislativo en su artículo 25, señala en relación a la contratación de obras públicas, con los oferentes autónomos y el sector privado que: «promoverán la sostenibilidad energética y medioambiental mediante los instrumentos de contratación pública, de acuerdo con los objetivos de la presente Ley y dentro del respeto a los principios de libertad de acceso, transparencia, igualdad entre hombres y mujeres, objetividad y eficiencia».
Con esto se modificaría la manera en que los contratos de obras, suministros y servicios se han venido dando. En tal caso, los criterios de las licitaciones varían conformes a dicho compromiso y en pro del medio ambiente: «Como mínimo, deberá contener como criterio de valoración objetiva la huella de carbono asociada al contrato objeto de licitación. En caso contrario, los pliegos deberán justificar motivadamente la no inclusión de otros criterios».
Dicho documento contempla la evaluación y rigurosidad en los procesos de adjudicación para establecer mecanismos de protección: «como criterio de valoración, la inscripción de los licitadores en el Registro Canario de la Huella de Carbono cuando acrediten mediante la verificación de dicho registro la reducción o compensación de sus emisiones».
El documento también
recoge el sector de combustibles fósiles, ante los cuales tendrán un control
específico para la contratación pública. Con esto se pretende estar a la
vanguardia y ser un referente para otras comunidades.
El mercado es cada vez más competitivo y las licitaciones públicas tienen mucha atención, porque en ellas se manejan recursos considerables. Entonces no puedes olvidar tres principios fundamentales como son: transparencia, objetividad y eficiencia, ya que esto garantiza Licitaciones Justas en un tiempo que se ha visto permeado por diversos factores como es la reinvención, fruto del Covid-19.
Por esta razón, en este
espacio tendrás cinco claves para estar a la altura de la licitación pública a
la que te presentes:
Analizar el fin de la licitación: esto es muy importante porque así se pueden determinar las posibles restricciones, los estándares de calidad que podemos ofrecer, minimizar los riesgos de incumplimiento y evitar las penalizaciones que se puedan presentar.
Los tiempos que se tiene para presentar los requisitos y la propuesta: hay que destacar que todas las licitaciones públicas tienen un margen, esto se debe a que son variables; por ejemplo, para hacer aseo en el capitolio, así como para ser parte de la Alta Consejería de Asuntos Internacionales. Cada una de ellas tiene unos requisitos preestablecidos y conforme a la ley, lo cual hace que en ocasiones sea necesario establecer muy bien las cláusulas del servicio a prestar.
Establecer la competencia directa que puede estar en nuestro nicho: cuando hablamos de competencia, nos referimos a un mercado sectorizado que es complejo y maneja diversidad de precio justificado en sus procesos de producción y costes de inversión. También, establecido dentro de los objetivos de transparencia, como tal, esto remite el control de una veeduría para evitar una posible colusión y conflicto de intereses.
Costos de inversión sobre costos de retribución: es importante conocer los montos de los dineros públicos que están en juego, porque así mismo se puede analizar el mercado, establecer las demandas del mismo y contar los tiempos de cumplimiento establecidos en la licitación previamente. Hay que tener en cuenta que en toda licitación hay variables de consideración como el tiempo climático, desplazamientos, materiales y todo esto puede causar un sobrecosto que se debe incorporar en la propuesta para evitar pérdidas económicas para el oferente, así como al Estado.
Muchas de las licitaciones se pierden porque los oferentes son excluyentes y no prestan atención directa a las condiciones de los pliegos. Lo cual establece como efecto que sean los mismos de siempre los que se quedan con las licitaciones públicas.
El Ayuntamiento de Madrid se coloca a la cabeza con un proyecto
de más de 50 millones de euros, duplicando a ENAIRE, con 25,46 millones de
euros en 20 adjudicaciones. Esta es la primera vez que una entidad local se
posiciona en este lugar, y teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado por el
fenómeno del Covid-19.
Adjudicaciones TIC publicó el Barómetro Anual de la
Inversión TIC en AAPP, a mediados de marzo. En dicho estudio se mostraba un
claro ascenso que llegó a los 518,87 millones euros. Según esto y las medidas
que se tienen del mismo periodo de 2019, el crecimiento fue de un 5%.
Según Carlos Maza Frechín, subdirector general de Tecnología
de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo: “En todo este tiempo, el sector TIC ha tenido un comportamiento
ejemplar puesto que no ha habido ni un caso en que una empresa dejara de
presentar oferta por la situación de la pandemia, ni un solo caso de recursos
especiales de contratación argumentando falta de medios o la vigencia de la
suspensión de plazos. En todas y cada una de nuestras licitaciones, el sector
TIC que nos atiende ha demostrado una altísima profesionalidad y eficiencia
que es de agradecer”.
El teletrabajo, se convierte así en una de las medidas que ha aportado mayor crecimiento a la industria tecnológica en España.
La ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), otorgó a Compliance Certifica la primera acreditación para certificación de personas en los ámbitos tributario y de contratación pública, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. Es decir, refiere a las categorías de asesor fiscal y responsable de buenas prácticas tributarias, así como a profesionales de contratación pública. Así lo documentó el portal RRHH Digital.
Esta certificación a nivel internacional, permite que los
profesionales puedan demostrar sus conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes
en su campo de acción, siendo evaluados por una entidad independiente que
cuenta con los estándares técnicos establecidos como principio de
transparencia; según lo descrito en la norma UNE EN-ISO/IEC 17024.
En tiempos de #Covid19, esta es una buena noticia para los profesionales autónomos, así como para las pymes porque representa romper con una brecha al poder ser evaluados en tanto a sus competencias, permitiendo así que los mercados y contratistas puedan tener la certeza de quien contratan y ser más competentes. La aparición de esta medida hace que las reglas del juego cambien, siendo así equitativo, regulado y transparente.
