La pandemia ha
traído consigo una crisis económica que no solo afecta a España, sino a todo el mundo. Ahora, la gran pregunta que
nos formulamos todos es: ¿Qué vamos a
hacer para superar la situación? Diferentes son las posturas frente a esta
situación.
Por su parte, el
ministro de Transportes, José Luis Ábalos, presentó la idea de convertir la construcción en “palanca para
la recuperación del empleo y la economía”. Desde su visión, construir, rehabilitar viviendas e invertir
en obras públicas, e infraestructuras son buenas alternativas para reactivar la
economía: “Mueve mucho la economía y arrastra el empleo también en sectores
aledaños”.
La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se queda atrás y propuso la liberación de suelo, y no limitar el
precio de la vivienda, para hacer de la construcción un instrumento de
reactivación económica: “Para que esto salga adelante y se recupere lo
antes posible hace falta quitarse las vendas y los dogmas ideológicos y
permitir que la colaboración público-privada siga creciendo”.
Así mismo, el
mundo ha sido testigo de declaraciones como la de la canciller alemana, Ángela
Merkel, quien propuso a los países europeos unir “economía y ecología”. Asegurando que los programas de
recuperación tras la pandemia, deben llevarse a cabo siguiendo criterios medioambientales y climáticos.
A esta voz se unen también la directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen.
Incluso, 18
grandes fondos de inversión internacionales, entre los que se encuentra
Blackrock, han pedido a los gobiernos de los países más ricos, que inviertan en crear infraestructuras sostenibles: “Las políticas gubernamentales que estimulen
inversiones privadas en energías limpias, industrias verdes y otras
infraestructuras sostenibles tendrán como resultado el empleo y el crecimiento
económico que ahora son tan necesarios”.
Por otro lado,
el catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y
presidente de la Fundación Cercle d’Economía, Antón Costas, considera que la
pandemia no cambiará de forma muy profunda la sociedad. Según él, superada la
primera etapa de recuperación en la que “la obsesión será tener liquidez”,
llegará una segunda en la cual habrá que “resistir”, reinventándose y
reformándose. Ante lo cual hará falta un “estado de confianza”, que no puede
declararse por decreto, sino que, debe ser capaz de generarla cada organización
o empresa.
Lo cual será
fundamental para reactivar el turismo y su capacidad de generar empleo: “Nadie concibe que se pueda prescindir del
12% de nuestro PIB”, “El turismo ha sido nuestra tabla de salvación. ¿Cómo
creemos que pudimos financiar nuestra industrialización y modernización si no
es por los superávits en la balanza de pagos conseguidos gracias a la actividad
turística?”. No obstante, el economista considera que esto es un compromiso
en las empresas por la industrialización y la formación de sus trabajadores.
Finalmente, la
tercera etapa estaría articulada con la digitalización y el cambio climático: “Corremos el riesgo de que el covid-19 nos
haga olvidar la amenaza del calentamiento global, y no debería ser así, porque
ambos van a permanecer con nosotros”, añade Costas.
Para el
investigador en el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y profesor en la
Universidad del País Vasco, Míkel González-Eguino: “La salida debe ser lo más verde posible”. Añade que sería un
error plantear estrategias de inversión que desalinearan a España de la Unión
Europea, y se refiere al paquete de estímulo económico que llegará tanto para
la economía verde, como para la digitalización.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hasta
el momento consta de 21 proyectos, con el objetivo de reducir en un 23% las
emisiones de efecto invernadero, alcanzar un 42% de renovables en el uso final
de la energía y mejorar un 39,5% la eficiencia energética de aquí a 2030.
Según el Ministerio
de Transición Ecológica, el plan debería aumentar el PIB en un 1,8%, hasta
25.700 millones de euros, en una década. El 80% de las inversiones que se
prevén movilizar para dar este giro verde a la economía nacional serán
privadas, sólo el 20% las sufragará el Estado.
Como ven, surgen
varias propuestas y enseñanzas que nos ha dejado la pandemia del Covid-19 en el
mundo, y en España se apuesta desde ya, a combatir no solo la crisis, sino,
prever el futuro del país en términos de desarrollo, inversión, y contratación.
Julián Reina, portavoz
del gobierno local y Concejal de Urbanismo y Movilidad, informó sobre los asuntos
tratados en la Junta de Gobierno Local en el concello de Ferrol. Allí se acordó
la aprobación del expediente de contratación administrativa correspondiente al
suministro, instalación y desinstalación de la iluminación ornamental de la
próxima campaña de Navidad, con un presupuesto máximo de 149.946,02 euros
(IVA/IVA incluido).
El contrato incluye la
instalación de más de 270 arcadas, distribuidas en diferentes barrios y zonas
comerciales; así como la iluminación en árboles y columnas. Para este año, se
cuenta con la Plaza de Armas, la cual tendrá 25 motivos para instalar en las
ventanas del pazo municipal. Además, se extenderá a zonas rurales con 40
arcadas y motivos navideños, afirmó Reina.
Los licitadores realizarán
su mejor propuesta para la dotación de iluminación ornamental en las plazas de
España, Armas, Amboage, Cantón de Molíns, Alameda de Suances, desde la Plaza de
la Constitución hasta la calle Carmen, y paseo de tierra desde Plaza de Galicia
hasta la Alameda de Suances y también en la Plaza del Crucero de Canido.
Otro de los anuncios
desde la Consejalía de Urbanismo, tiene que ver con los emprendedores afectados
por el cierre del ocio nocturno, debido a la pandemia. Ellos podrán cambiar su
actividad a Café-bar para abrir en el horario permitido, a través de la
presentación de una declaración responsable acompañada de la documentación que
requiere la solicitud, con esto estarían habilitados y dentro de las medidas
que se han tomado para que abran sus negocios hasta la una de la madrugada. Ante
las dudas que esto pueda causar, Reina afirmó que se pueden comunicar al correo
electrónico actividades.urbanismo@ferrol.es,
en donde atenderán sus preguntas y se brindará la asesoría correspondiente.
Por otro lado, la Mesa
de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Ferrol, avanzó en el expediente
de las obras de la iluminación en la carretera de San Pedro. El Ayuntamiento y
la Diputación de A Coruña, están coordinando de manera simultánea para llevar a
cabo las obras que buscan dotar de aceras con puntos de luz para mejorar la
visibilidad, una vía que soporta gran densidad de tráfico rodado al tiempo que
es muy empleada por peones.
La certificación de
personas, asegura que los profesionales cumplen con los requisitos de
titulación, experiencia y formación complementaria; exigidos y de conformidad
con el documento de referencia o esquema de certificación que solicitan las
licitaciones públicas, bajo el modelo de la Nueva Ley de Contratación.
Anteriormente hablamos
de las especificaciones de la Nueva Ley de Contratación, ahora abordaremos cada
uno de los nuevos roles dentro de sus funciones y características para que lo
tengas en cuenta al momento de presentarte a una Licitación Pública.
Asesor Fiscal: esta persona debe ser especialista en Derecho Tributario, contabilidad y cuestiones administrativas, civiles, mercantiles y penales que presentan relevancia en el ámbito tributario, así como en la doctrina administrativa y jurisprudencia recaída al respecto. Además, han de conocer las tecnologías necesarias para la tramitación electrónica y las aplicaciones informáticas utilizadas para el cumplimiento tributario y la llevanza de la contabilidad.
Consejero de sociedades mercantiles: para su ejercicio no requiere de titulación determinada, pero el mercado y las sociedades están solicitando profesionales cualificados ante la importante labor que desarrollan. Por ello se exige conocimientos en Derecho de Sociedades, así como un mínimo en cuestiones contables, laborales, penales, protección de datos seguridad informática y tributarias.
Responsable de Buenas Prácticas Tributarias: este profesional debe contar con conocimientos especializados en Derecho Tributario, contabilidad y cumplimiento tributario, así como en cuestiones administrativas, civiles, mercantiles, laborales y penales con relevancia en las tres primeras. Así mismo, conocer las tecnologías necesarias para la tramitación electrónica y las aplicaciones informáticas utilizadas para el cumplimiento tributario y la llevanza de la contabilidad.
Responsable de Contratación Pública: quien se ocupa del procedimiento de contratación, tanto en el sector público como en el privado. Basados en ello, deben reunir conocimientos especializados en la normativa de contratación pública, así como en cuestiones administrativas, civiles, mercantiles, laborales y tributarias, que inciden en la misma. Además, como en la doctrina administrativa y jurisprudencia recaída al respecto, junto con conocer las tecnologías necesarias para la tramitación electrónica y las aplicaciones informáticas para desarrollar su labor.
Dicho esto, se hace necesario especializarse y estos perfiles, le ayudarán a conformar su equipo al momento de presentar pliegos y participar de la Licitación Pública.
La nueva alternativa en materia de licitaciones públicas es la Compra Pública Innovadora (CPI), que es un proceso administrativo en el que el comprador público puede licitar la contratación de un producto o un servicio que no existe en el comercio y que requiere del perfeccionamiento de actividades de investigación, desarrollo e innovación.
La Consejería de Economía por medio de la Agencia Andaluza del Conocimiento se ha incorporado al proyecto europeo PRONTO, que comenzó en enero de este año y que tiene por objetivo dar soporte, apoyo, orientación, identificar qué necesitan los compradores públicos e impulsar la Compra Pública de Innovación.
El proyecto se encuentra financiado por el programa COSME de la Unión Europea con 1,5 millones de euros y tendrá una vigencia de 40 meses. Además, varias entidades de países como España e Italia lo integran.
Con PRONTO se pretende ayudar a vencer los impedimentos de la Compra Pública Innovadora, para estandarizar esta forma de contratación pública que trae aspectos muy positivos.
La llegada de la
pandemia obligó a que se decretara el estado de alarma en España, a mediados de
marzo. Con ello, se vieron afectados todos los sectores de la industria en el
territorio nacional: las licitaciones de obra del conjunto de las
Administraciones Públicas se han desplomado un 90%, cifra que se repite en el
Ministerio de Transportes.
En marzo se
registró un descenso del 88%, en abril de casi el 100% (99%) interanual, en
mayo del 89% y en junio del 86%, según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Aunque el importe
licitado se ha ido incrementando -en marzo fue de 87 millones y en junio
(último dato disponible) rebasó los 100 millones- desde el estado de alarma
encadena una caída del 90% con un importe total de 278 millones que contrastan
con los casi 3.000 millones que se contabilizaron un año antes. Al igual que
con las licitaciones de obra, las adjudicaciones también se han disminuido,
aunque en menor medida.
La realidad del Grupo Fomento
Fomento, la
entidad inversora por excelencia, gracias al ministerio y a las empresas
públicas que depende de él (Aena, Adif, Renfe o Puertos, entre otras); ha
presentado un descenso similar: entre marzo y junio, la licitación del Grupo
Fomento se hundió un 87% y registró 174 millones frente a los más de 1.300
millones del mismo periodo de 2019.
Desde que empezó
la pandemia, las licitaciones de obra en el territorio español han sufrido un
declive interanual con un 80% en marzo, en abril del 98%, 87% en mayo, o del
85% en junio. Con lo que se puede concluir que abril fue un mes negro para las
licitaciones de contratos de construcción por parte del Grupo Fomento.
Tan solo miremos
la realidad del momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, licitó en estos cuatro meses /marzo – junio) 3 millones de euros, casi
un 100% en comparación al año anterior; mientras que las empresas públicas que
dependen de él licitaron un 83% menos, con 170 millones.
Con el estado de
alarma, Adif redujo sus contratos en más de un 90%, muy similar a la caída que
tuvo Renfe operadora. Por su parte Aena, registró más del 80% y los Puertos,
amortiguó al 5%.
El Grupo
Fomento, en marzo, con el importe de los contratos de obra adjudicados, se derrumbó
casi un 90% interanual, en abril cedió el 11%, en mayo el 80% y en junio más
del 40%. Con lo cual Adif, Aena y Puertos, reportan pérdidas en sus
adjudicaciones de: 76%, 55%, y 45% respectivamente.
Las herramientas digitales facilitan y simplifican el
acontecer diario de muchos autónomos y pymes que participan en las licitaciones
de las entidades públicas.
Con el desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas
se permite que los empresarios compitan con gran destreza, venciendo la tramitología,
a la que se enfrentaban los ciudadanos y la administración pública.
Algunos de los beneficios que ofrece la contratación
pública electrónica son:
Automatización
eficiente de los procedimientos de adquisición en las diferentes etapas de la
licitación.
Publicación
de información actualizada de forma constante.
Fomenta
una mayor participación e igualdad en la competitividad de los oferentes.
Mayor
transparencia en el proceso la contratación, porque las ofertas son publicadas
y pueden ser vistas por todos
los interesados.
La disminución
de trámites presenta una clara reducción de tiempo y costes para la
administración pública y para los proponentes.
Es un
mecanismo que facilita establecer relaciones entre las empresas.
Realizar
los trámites de manera digital evita el gasto innecesario de papel y tintas,
ayudando a conservar el medio ambiente.
Las alternativas digitales como la contratación pública electrónica permiten que los autónomos,
las pequeñas y medianas empresas, participen con facilidad y transparencia en las
licitaciones de su sector.
